Internacional
Tabasco: El misterioso "aclaración" fiscal que avivó las llamas sobre supuestas detenciones de exfuncionarios clave
Redacción Que Onda Salta
08 Nov, 2026 - 01:36 hs.
Un manto de ambigüedad y declaraciones sacadas de contexto envuelve a la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), luego de que un comunicado oficial, emitido en la tarde del 7 de noviembre, intentara “clarificar” las afirmaciones atribuidas a su titular respecto a presuntas detenciones de excolaboradores cercanos a Adán Augusto López Hernández. Lejos de disipar las dudas, la postura institucional solo ha conseguido profundizar el enigma, dejando un sinfín de interrogantes sobre el accionar de la justicia en torno a figuras de alto perfil político.
Los primeros reportes, surgidos en medios de comunicación locales, encendieron las alarmas al señalar la existencia de al menos doce órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos, vinculados presuntamente tanto a la administración de López Hernández como a la de su sucesor, Carlos Manuel Merino Campos. Estas notas periodísticas, que no identificaban oficialmente a los imputados, detallaban que ya se habrían ejecutado las primeras capturas mediante operativos que incluyeron allanamientos de domicilios privados, tejiendo una trama de alto impacto político y judicial. Entre los nombres que resonaron con fuerza, se mencionó a Manuel Marcué, ahijado del exgobernador y quien ocupó una importante cartera federal, así como a Cleofas Juárez Lara, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata, supuestamente ligado a la organización criminal "La Barredora", quien ya habría sido detenido en octubre.
Sin embargo, la “precisión” de la FGET se centró en señalar que las declaraciones atribuidas al fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros en una publicación específica, sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra un servidor público de una gestión anterior, no se correspondían con el tenor ni el sentido de lo expuesto en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad Estatal del 26 de octubre. De manera llamativa, el comunicado de la Fiscalía omitió cualquier mención a Adán Augusto López Hernández, el exgobernador y actual senador, cuyo nombre había sido el epicentro de la controversia inicial, lo que para muchos observadores no hizo más que alimentar las especulaciones.
Lo que el comunicado de la FGET no hizo, y es crucial recalcar, fue confirmar o descartar la veracidad de las capturas reportadas ni ofrecer una versión alternativa de los hechos. La dependencia se mantuvo en un cuidadoso limbo, sin negar la existencia de las órdenes de aprehensión o las detenciones que habían sacudido el ambiente político. Esta evasión institucional, en un contexto donde se presume la investigación de exfuncionarios de alta jerarquía y posibles vínculos con redes delictivas, genera un clima de incertidumbre y de expectativa sobre los próximos pasos que dará la justicia tabasqueña.
Durante la mencionada conferencia de prensa del 26 de octubre, el fiscal Vázquez Landeros sí presentó un balance de procedimientos contra servidores públicos bajo un eje de "cero corrupción". En aquel entonces, detalló un total de mil 113 procedimientos administrativos que derivaron en nueve destituciones, 42 suspensiones y una amonestación. En el ámbito penal, se reportaron 201 carpetas de investigación iniciadas y la ejecución de dos órdenes de aprehensión por delitos que van desde el uso de documento falso hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos datos, si bien demuestran una actividad institucional, no ofrecen la claridad esperada sobre los casos de alto perfil que han capturado la atención pública en los últimos días.
Los primeros reportes, surgidos en medios de comunicación locales, encendieron las alarmas al señalar la existencia de al menos doce órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos, vinculados presuntamente tanto a la administración de López Hernández como a la de su sucesor, Carlos Manuel Merino Campos. Estas notas periodísticas, que no identificaban oficialmente a los imputados, detallaban que ya se habrían ejecutado las primeras capturas mediante operativos que incluyeron allanamientos de domicilios privados, tejiendo una trama de alto impacto político y judicial. Entre los nombres que resonaron con fuerza, se mencionó a Manuel Marcué, ahijado del exgobernador y quien ocupó una importante cartera federal, así como a Cleofas Juárez Lara, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata, supuestamente ligado a la organización criminal "La Barredora", quien ya habría sido detenido en octubre.
Sin embargo, la “precisión” de la FGET se centró en señalar que las declaraciones atribuidas al fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros en una publicación específica, sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión contra un servidor público de una gestión anterior, no se correspondían con el tenor ni el sentido de lo expuesto en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad Estatal del 26 de octubre. De manera llamativa, el comunicado de la Fiscalía omitió cualquier mención a Adán Augusto López Hernández, el exgobernador y actual senador, cuyo nombre había sido el epicentro de la controversia inicial, lo que para muchos observadores no hizo más que alimentar las especulaciones.
Lo que el comunicado de la FGET no hizo, y es crucial recalcar, fue confirmar o descartar la veracidad de las capturas reportadas ni ofrecer una versión alternativa de los hechos. La dependencia se mantuvo en un cuidadoso limbo, sin negar la existencia de las órdenes de aprehensión o las detenciones que habían sacudido el ambiente político. Esta evasión institucional, en un contexto donde se presume la investigación de exfuncionarios de alta jerarquía y posibles vínculos con redes delictivas, genera un clima de incertidumbre y de expectativa sobre los próximos pasos que dará la justicia tabasqueña.
Durante la mencionada conferencia de prensa del 26 de octubre, el fiscal Vázquez Landeros sí presentó un balance de procedimientos contra servidores públicos bajo un eje de "cero corrupción". En aquel entonces, detalló un total de mil 113 procedimientos administrativos que derivaron en nueve destituciones, 42 suspensiones y una amonestación. En el ámbito penal, se reportaron 201 carpetas de investigación iniciadas y la ejecución de dos órdenes de aprehensión por delitos que van desde el uso de documento falso hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos datos, si bien demuestran una actividad institucional, no ofrecen la claridad esperada sobre los casos de alto perfil que han capturado la atención pública en los últimos días.
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