Salta
Alarma en Salta: El Ajuste Previsional Aniquila el Consumo y Castiga a la Tercera Edad
Redacción Que Onda Salta
12 Jul, 2026 - 03:52 hs.
El reciente embate del ajuste previsional impuesto por la administración nacional está dejando una huella profunda y preocupante en la provincia de Salta, trascendiendo con creces el mero debate fiscal para impactar directamente en el tejido social y económico local. Un detallado informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela cómo el congelamiento del bono complementario a los haberes mínimos y la eliminación del reintegro del IVA han estrangulado los ingresos de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: los jubilados y pensionados. Esta medida, lejos de ser un simple reacomodo numérico, se traduce en una drástica reducción del poder adquisitivo para quienes ya contaban con un margen mínimo para subsistir.
La lupa del estudio se posó sobre una realidad que afecta a más de 163.000 personas mayores en Salta, de las cuales 114.000 son beneficiarias del PAMI. Estos números, fríos en su exposición, esconden historias de vida donde los jubilados dependen de magros haberes para la compra de alimentos esenciales, medicamentos vitales, el pago de servicios básicos, el sostenimiento de tratamientos médicos cruciales y, en muchos casos, para brindar un indispensable apoyo a otros miembros de sus familias. El recorte en sus ingresos no solo compromete su propia calidad de vida, sino que genera una cascada de dificultades que repercute en la estabilidad de numerosos hogares salteños, evidenciando el peso social y sanitario del sistema previsional en la vida cotidiana de nuestros adultos mayores.
El corazón del informe de CEPA reside en la cuantificación del volumen de recursos que los jubilados salteños de menores ingresos han dejado de percibir a causa del congelamiento del bono previsional. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantuvo fijo en $70.000. Si se hubiera actualizado conforme a la misma fórmula que el haber jubilatorio principal, para junio de 2026, debería haber alcanzado la cifra de $209.991. Esta diferencia acumulada entre abril de 2024 y junio de 2026 representa una escalofriante pérdida aproximada de $2.225.714 por cada jubilado afectado. Alrededor de 83.463 jubilados salteños, la mayoría de ellos percibiendo la mínima con bono o incluso menos, enfrentan este descalabro financiero. La pérdida agregada para este universo vulnerable asciende a la asombrosa cifra de $185.765 millones; dinero que no llegó a sus bolsillos y, en consecuencia, no se volcó al circuito económico local.
Esta sangría económica no solo se circunscribe a la economía de los hogares, sino que se proyecta con fuerza sobre el entramado comercial y de servicios de Salta. Como bien señaló el periodista especializado Martín van Dam desde el Centro de Economía Política Argentina, la magnitud de este recorte se explica por la ausencia casi total de capacidad de ahorro en los jubilados de menores ingresos, lo que implica que la mayor parte de sus haberes se destina a consumos básicos e inmediatos. Cada peso menos en una jubilación mínima se traduce directamente en menos ventas en almacenes, supermercados, verdulerías, carnicerías y farmacias; menos pagos de servicios; y una menor circulación de dinero en los barrios. En una provincia donde gran parte de la actividad comercial depende del consumo de cercanía, el efecto previsional es un golpe directo a la línea de flotación de pequeños comercios y prestadores de servicios, especialmente en rubros esenciales como alimentos, medicamentos, higiene, transporte y energía.
El informe subraya que el congelamiento del bono ha funcionado como una de las principales herramientas del ajuste previsional. Con una inflación proyectada para junio de 2026, la jubilación mínima con bono se sitúa un 19,3% por debajo del nivel que ostentaba en el último trimestre de 2023. Incluso la jubilación sin bono experimentó una caída del 2,5% en igual período, aunque menor. Esta disparidad recalca el impacto desproporcionado del bono fijo: una herramienta diseñada para compensar los haberes más bajos, se ha degradado en un contexto inflacionario, perdiendo valor mes tras mes y convirtiéndose en un componente cada vez más debilitado del ingreso jubilatorio. A esto se suma la eliminación del régimen de reintegro del IVA, que afectó a un vasto universo de 5,1 millones de personas a nivel nacional, incluyendo a gran parte de los jubilados salteños, privándolos de un alivio directo en sus gastos más sensibles y exacerbando aún más su ya delicada situación financiera.
La lupa del estudio se posó sobre una realidad que afecta a más de 163.000 personas mayores en Salta, de las cuales 114.000 son beneficiarias del PAMI. Estos números, fríos en su exposición, esconden historias de vida donde los jubilados dependen de magros haberes para la compra de alimentos esenciales, medicamentos vitales, el pago de servicios básicos, el sostenimiento de tratamientos médicos cruciales y, en muchos casos, para brindar un indispensable apoyo a otros miembros de sus familias. El recorte en sus ingresos no solo compromete su propia calidad de vida, sino que genera una cascada de dificultades que repercute en la estabilidad de numerosos hogares salteños, evidenciando el peso social y sanitario del sistema previsional en la vida cotidiana de nuestros adultos mayores.
El corazón del informe de CEPA reside en la cuantificación del volumen de recursos que los jubilados salteños de menores ingresos han dejado de percibir a causa del congelamiento del bono previsional. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantuvo fijo en $70.000. Si se hubiera actualizado conforme a la misma fórmula que el haber jubilatorio principal, para junio de 2026, debería haber alcanzado la cifra de $209.991. Esta diferencia acumulada entre abril de 2024 y junio de 2026 representa una escalofriante pérdida aproximada de $2.225.714 por cada jubilado afectado. Alrededor de 83.463 jubilados salteños, la mayoría de ellos percibiendo la mínima con bono o incluso menos, enfrentan este descalabro financiero. La pérdida agregada para este universo vulnerable asciende a la asombrosa cifra de $185.765 millones; dinero que no llegó a sus bolsillos y, en consecuencia, no se volcó al circuito económico local.
Esta sangría económica no solo se circunscribe a la economía de los hogares, sino que se proyecta con fuerza sobre el entramado comercial y de servicios de Salta. Como bien señaló el periodista especializado Martín van Dam desde el Centro de Economía Política Argentina, la magnitud de este recorte se explica por la ausencia casi total de capacidad de ahorro en los jubilados de menores ingresos, lo que implica que la mayor parte de sus haberes se destina a consumos básicos e inmediatos. Cada peso menos en una jubilación mínima se traduce directamente en menos ventas en almacenes, supermercados, verdulerías, carnicerías y farmacias; menos pagos de servicios; y una menor circulación de dinero en los barrios. En una provincia donde gran parte de la actividad comercial depende del consumo de cercanía, el efecto previsional es un golpe directo a la línea de flotación de pequeños comercios y prestadores de servicios, especialmente en rubros esenciales como alimentos, medicamentos, higiene, transporte y energía.
El informe subraya que el congelamiento del bono ha funcionado como una de las principales herramientas del ajuste previsional. Con una inflación proyectada para junio de 2026, la jubilación mínima con bono se sitúa un 19,3% por debajo del nivel que ostentaba en el último trimestre de 2023. Incluso la jubilación sin bono experimentó una caída del 2,5% en igual período, aunque menor. Esta disparidad recalca el impacto desproporcionado del bono fijo: una herramienta diseñada para compensar los haberes más bajos, se ha degradado en un contexto inflacionario, perdiendo valor mes tras mes y convirtiéndose en un componente cada vez más debilitado del ingreso jubilatorio. A esto se suma la eliminación del régimen de reintegro del IVA, que afectó a un vasto universo de 5,1 millones de personas a nivel nacional, incluyendo a gran parte de los jubilados salteños, privándolos de un alivio directo en sus gastos más sensibles y exacerbando aún más su ya delicada situación financiera.
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