Policiales
Justicia Histórica en Salta: Condena Perpetua para Ex Federal por Crímenes de Lesa Humanidad en San Lorenzo
Redacción Que Onda Salta
10 Jul, 2026 - 20:53 hs.
La Justicia Federal de Salta ha dictado una sentencia trascendental en la búsqueda de verdad y reparación por los atroces crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, con una decisión que resuena en los pasillos de la historia provincial, condenó a prisión perpetua al exinspector de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Alzugaray. Se lo encontró culpable, en calidad de coautor, de los homicidios agravados de René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, hechos perpetrados el 20 de abril de 1975 en una vivienda de San Lorenzo durante un operativo ilegal que marcó a fuego una época oscura.
Los magistrados Gabriela Catalano, Diego Matteucci y Abelardo Basbús, luego de una profunda deliberación, consideraron plenamente acreditada la participación de Alzugaray en el procedimiento que culminó con la ejecución alevosa de las víctimas. La investigación y el debate judicial demostraron que los asesinatos no fueron producto de un enfrentamiento espontáneo, sino el resultado de un plan fríamente acordado y ejecutado por diversos integrantes de las fuerzas de seguridad de entonces. La calificación de estos hechos como delitos de lesa humanidad no solo subraya su brutalidad inherente, sino que también reafirma su carácter imprescriptible, garantizando que la justicia, aunque lenta, sea ineludible. A pesar de la contundencia de la sentencia, se dispuso que el condenado continúe cumpliendo la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, una medida que genera debate en algunos sectores.
La sentencia del Tribunal se alineó por completo con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, que durante los alegatos fue representado por el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila. Ambos sostuvieron con firmeza que el supuesto "enfrentamiento armado" reportado en aquel momento no fue más que una burda maniobra de encubrimiento. La realidad, según la fiscalía, fue un operativo meticulosamente planificado con el objetivo explícito de asesinar a Locascio Terán y Díaz Romero, eliminando cualquier rastro de resistencia o legítima defensa. "Las víctimas no hicieron un solo disparo ni utilizaron la granada que llevaban consigo. Fueron ejecutadas por la espalda y el enfrentamiento fue una farsa", enfatizó Amad, desmoronando la versión oficial de los hechos.
La investigación exhaustiva permitió reconstruir los momentos previos y posteriores al doble crimen. Se comprobó que la vivienda de San Lorenzo donde ocurrió la tragedia estaba bajo estricta vigilancia incluso antes de la llegada de las víctimas, confirmando que el procedimiento no buscaba una detención, sino la eliminación física. El propósito era, además, encubrir los homicidios presentándolos como un choque armado entre efectivos policiales e integrantes de la organización Montoneros, desvirtuando la verdad de lo sucedido. Testimonios clave, como el de la propietaria de la vivienda, quien sufrió torturas y amenazas, y un testigo que escuchó la escalofriante orden del entonces jefe policial Joaquín Guil: “No los quiero vivos”, fueron pilares fundamentales para desentrañar la verdad. Cabe recordar que por este mismo caso ya habían sido condenados el exjefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, y el excomisario general Joaquín Guil, en su rol de autores mediatos.
Con esta nueva sentencia, la Justicia Federal salteña vuelve a sentar un precedente firme, responsabilizando al exinspector Alzugaray por su activa participación en el aparato represivo del Estado que operó con impunidad en Salta en los años previos al último golpe de Estado. Alzugaray, quien ya acumulaba otras dos condenas previas por delitos de lesa humanidad – incluyendo una sentencia en agosto de 2024 por tormentos a detenidos políticos –, ve así consolidado su extenso historial de responsabilidades ante la justicia por su accionar sistemático en la violación de los derechos humanos. Este fallo reafirma el compromiso de la justicia con la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares.
Los magistrados Gabriela Catalano, Diego Matteucci y Abelardo Basbús, luego de una profunda deliberación, consideraron plenamente acreditada la participación de Alzugaray en el procedimiento que culminó con la ejecución alevosa de las víctimas. La investigación y el debate judicial demostraron que los asesinatos no fueron producto de un enfrentamiento espontáneo, sino el resultado de un plan fríamente acordado y ejecutado por diversos integrantes de las fuerzas de seguridad de entonces. La calificación de estos hechos como delitos de lesa humanidad no solo subraya su brutalidad inherente, sino que también reafirma su carácter imprescriptible, garantizando que la justicia, aunque lenta, sea ineludible. A pesar de la contundencia de la sentencia, se dispuso que el condenado continúe cumpliendo la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, una medida que genera debate en algunos sectores.
La sentencia del Tribunal se alineó por completo con el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, que durante los alegatos fue representado por el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila. Ambos sostuvieron con firmeza que el supuesto "enfrentamiento armado" reportado en aquel momento no fue más que una burda maniobra de encubrimiento. La realidad, según la fiscalía, fue un operativo meticulosamente planificado con el objetivo explícito de asesinar a Locascio Terán y Díaz Romero, eliminando cualquier rastro de resistencia o legítima defensa. "Las víctimas no hicieron un solo disparo ni utilizaron la granada que llevaban consigo. Fueron ejecutadas por la espalda y el enfrentamiento fue una farsa", enfatizó Amad, desmoronando la versión oficial de los hechos.
La investigación exhaustiva permitió reconstruir los momentos previos y posteriores al doble crimen. Se comprobó que la vivienda de San Lorenzo donde ocurrió la tragedia estaba bajo estricta vigilancia incluso antes de la llegada de las víctimas, confirmando que el procedimiento no buscaba una detención, sino la eliminación física. El propósito era, además, encubrir los homicidios presentándolos como un choque armado entre efectivos policiales e integrantes de la organización Montoneros, desvirtuando la verdad de lo sucedido. Testimonios clave, como el de la propietaria de la vivienda, quien sufrió torturas y amenazas, y un testigo que escuchó la escalofriante orden del entonces jefe policial Joaquín Guil: “No los quiero vivos”, fueron pilares fundamentales para desentrañar la verdad. Cabe recordar que por este mismo caso ya habían sido condenados el exjefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, y el excomisario general Joaquín Guil, en su rol de autores mediatos.
Con esta nueva sentencia, la Justicia Federal salteña vuelve a sentar un precedente firme, responsabilizando al exinspector Alzugaray por su activa participación en el aparato represivo del Estado que operó con impunidad en Salta en los años previos al último golpe de Estado. Alzugaray, quien ya acumulaba otras dos condenas previas por delitos de lesa humanidad – incluyendo una sentencia en agosto de 2024 por tormentos a detenidos políticos –, ve así consolidado su extenso historial de responsabilidades ante la justicia por su accionar sistemático en la violación de los derechos humanos. Este fallo reafirma el compromiso de la justicia con la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares.
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