Internacional
Escándalo Político Sacude Colombia: Exparlamentario Enfrenta Indagatoria por Acoso Sexual y Corrupción
Redacción Que Onda Salta
10 Jul, 2026 - 21:57 hs.
Un explosivo panorama judicial envuelve al exrepresentante a la Cámara, Carlos Carreño, quien hoy, viernes 10 de julio de 2026, compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. La citación se da en el marco de una investigación por presunto acoso sexual contra una escolta de su equipo de seguridad, un caso que ha conmocionado a la opinión pública colombiana y que se suma a otra grave acusación por concusión que pesa sobre el exlegislador.
La denuncia por acoso sexual detalla hechos que habrían ocurrido el 17 de febrero de 2026, cuando la escolta, asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), relató una serie de insinuaciones y tocamientos indebidos por parte de Carreño. Según su testimonio, al finalizar la jornada laboral, el exparlamentario le habría sugerido subir a su apartamento, expresando un insistente interés personal y dificultades para controlarse. La mujer afirmó haber rechazado categóricamente estas insinuaciones, enfatizando que su relación era estrictamente laboral, pero Carreño habría persistido, tocándole las piernas y, en un momento, intentado forzarla a entrar a una habitación mientras la tocaba en sus glúteos.
Tras el rechazo, la denunciante habría sufrido represalias laborales, incluyendo la exclusión de grupos de comunicación, información limitada y la prohibición de acompañarlo fuera de Bogotá, lo que sugiere una clara afectación a sus funciones profesionales. Por su parte, Carlos Carreño, del Partido Comunes, ha negado las acusaciones, calificándolas como "un asunto político relacionado con recusaciones de otro caso", intentando desvincular los hechos de su conducta personal. Sin embargo, la justicia avanza, y el excongresista deberá enfrentar la diligencia liderada por el despacho del magistrado Héctor Alarcón, donde se le comunicarán los delitos por los que será procesado y podrá ejercer su defensa.
Pero este no es el único frente judicial para Carreño. Desde marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia mantiene abierta una causa por presunta concusión, al considerar que el exrepresentante habría exigido parte de sus salarios a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Testimonios recabados en el expediente, como el de Irene Amado, sugieren que estos fondos habrían sido desviados para cubrir gastos personales, como hoteles, estudios y vestimenta, e incluso que los trabajadores habrían sido obligados a realizar tareas de índole personal, incluyendo trabajos académicos para la maestría del exparlamentario, tal como lo ha revelado la prensa colombiana.
Este proceso de concusión, a cargo de la magistrada Cristina Lombana, aún se encuentra en etapa de recaudo de pruebas. La coexistencia de estas investigaciones –una por acoso sexual y otra por corrupción– en la Corte Suprema de Justicia, subraya el fuero especial que protege a los congresistas y la competencia del alto tribunal para determinar si las conductas investigadas ocurrieron en el marco de sus funciones parlamentarias. Este panorama judicial refleja una tendencia creciente en el control y la rendición de cuentas sobre la función pública en Colombia, fortaleciendo el papel de la Corte como garante de la transparencia y la ética en las altas esferas del Estado.
La denuncia por acoso sexual detalla hechos que habrían ocurrido el 17 de febrero de 2026, cuando la escolta, asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), relató una serie de insinuaciones y tocamientos indebidos por parte de Carreño. Según su testimonio, al finalizar la jornada laboral, el exparlamentario le habría sugerido subir a su apartamento, expresando un insistente interés personal y dificultades para controlarse. La mujer afirmó haber rechazado categóricamente estas insinuaciones, enfatizando que su relación era estrictamente laboral, pero Carreño habría persistido, tocándole las piernas y, en un momento, intentado forzarla a entrar a una habitación mientras la tocaba en sus glúteos.
Tras el rechazo, la denunciante habría sufrido represalias laborales, incluyendo la exclusión de grupos de comunicación, información limitada y la prohibición de acompañarlo fuera de Bogotá, lo que sugiere una clara afectación a sus funciones profesionales. Por su parte, Carlos Carreño, del Partido Comunes, ha negado las acusaciones, calificándolas como "un asunto político relacionado con recusaciones de otro caso", intentando desvincular los hechos de su conducta personal. Sin embargo, la justicia avanza, y el excongresista deberá enfrentar la diligencia liderada por el despacho del magistrado Héctor Alarcón, donde se le comunicarán los delitos por los que será procesado y podrá ejercer su defensa.
Pero este no es el único frente judicial para Carreño. Desde marzo de 2025, la Corte Suprema de Justicia mantiene abierta una causa por presunta concusión, al considerar que el exrepresentante habría exigido parte de sus salarios a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Testimonios recabados en el expediente, como el de Irene Amado, sugieren que estos fondos habrían sido desviados para cubrir gastos personales, como hoteles, estudios y vestimenta, e incluso que los trabajadores habrían sido obligados a realizar tareas de índole personal, incluyendo trabajos académicos para la maestría del exparlamentario, tal como lo ha revelado la prensa colombiana.
Este proceso de concusión, a cargo de la magistrada Cristina Lombana, aún se encuentra en etapa de recaudo de pruebas. La coexistencia de estas investigaciones –una por acoso sexual y otra por corrupción– en la Corte Suprema de Justicia, subraya el fuero especial que protege a los congresistas y la competencia del alto tribunal para determinar si las conductas investigadas ocurrieron en el marco de sus funciones parlamentarias. Este panorama judicial refleja una tendencia creciente en el control y la rendición de cuentas sobre la función pública en Colombia, fortaleciendo el papel de la Corte como garante de la transparencia y la ética en las altas esferas del Estado.
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