Internacional
España Redefine la Libertad: Histórico Pacto para Derogar Delitos de Opinión
Redacción Que Onda Salta
19 Jun, 2026 - 08:53 hs.
En un movimiento legislativo trascendental que resonará en el debate sobre la libertad de expresión, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar han anunciado un acuerdo clave para desbloquear la reforma del Código Penal en España. Este pacto tiene como objetivo central la supresión de los denominados 'delitos de opinión', normativas que, a lo largo de los años, han sido objeto de intensa controversia y críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y de la prensa, al considerarlas una restricción a las libertades fundamentales.
La iniciativa, estancada desde diciembre de 2023 en la Comisión de Justicia del Congreso tras ser la primera propuesta presentada por el grupo plurinacional en la legislatura, ahora avanza decididamente. Entre los delitos que serán eliminados se encuentran las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales, todos ellos enmarcados en la polémica ‘ley mordaza’. La derogación de estas figuras penales representa un cambio significativo en el entendimiento de los límites del discurso público y la crítica en un estado democrático.
Fuentes parlamentarias confirmaron a esta redacción que ambas formaciones han logrado un consenso para que la Mesa del Congreso ponga fin al plazo de presentación de enmiendas, un procedimiento que a menudo ha servido como un 'cementerio' legislativo para propuestas sin el respaldo político necesario. Este desbloqueo no solo revitaliza una de las promesas electorales de Sumar, sino que también señala una clara intención del gobierno de coalición de modernizar el marco legal en lo que respecta a la libertad de pensamiento y expresión, respondiendo a años de demandas sociales y académicas.
Además de la supresión de estos delitos, el acuerdo incluye una importante modificación de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este añadido, impulsado desde Izquierda Unida y defendido por el diputado Enrique Santiago, busca introducir una “reparación pública” para aquellas personas que, tras ser sometidas a largas instrucciones judiciales y una exposición mediática perjudicial, no lleguen a juicio oral, pero cuyo buen nombre haya sido gravemente afectado por la publicación de numerosos titulares y acusaciones infundadas. Esta medida pretende mitigar el daño reputacional en casos donde el sistema judicial no encuentre mérito para continuar, ofreciendo un nuevo mecanismo de protección para la ciudadanía.
La eliminación del delito contra los sentimientos religiosos, en particular, responde a la preocupación por las querellas interpuestas por colectivos como Abogados Cristianos contra figuras del ámbito cultural y periodístico, las cuales han generado un clima de autocensura. De igual forma, la derogación de los delitos contra la Corona (artículos 490.3 y 491) y las injurias a las altas instituciones del Estado (artículo 504) se presenta como una respuesta directa a condenas previas contra artistas y humoristas, redefiniendo así las fronteras entre la crítica legítima y la sanción penal en la vida pública española. Este pacto marca un antes y un después en la forma en que España aborda las libertades civiles en su legislación.
La iniciativa, estancada desde diciembre de 2023 en la Comisión de Justicia del Congreso tras ser la primera propuesta presentada por el grupo plurinacional en la legislatura, ahora avanza decididamente. Entre los delitos que serán eliminados se encuentran las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales, todos ellos enmarcados en la polémica ‘ley mordaza’. La derogación de estas figuras penales representa un cambio significativo en el entendimiento de los límites del discurso público y la crítica en un estado democrático.
Fuentes parlamentarias confirmaron a esta redacción que ambas formaciones han logrado un consenso para que la Mesa del Congreso ponga fin al plazo de presentación de enmiendas, un procedimiento que a menudo ha servido como un 'cementerio' legislativo para propuestas sin el respaldo político necesario. Este desbloqueo no solo revitaliza una de las promesas electorales de Sumar, sino que también señala una clara intención del gobierno de coalición de modernizar el marco legal en lo que respecta a la libertad de pensamiento y expresión, respondiendo a años de demandas sociales y académicas.
Además de la supresión de estos delitos, el acuerdo incluye una importante modificación de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este añadido, impulsado desde Izquierda Unida y defendido por el diputado Enrique Santiago, busca introducir una “reparación pública” para aquellas personas que, tras ser sometidas a largas instrucciones judiciales y una exposición mediática perjudicial, no lleguen a juicio oral, pero cuyo buen nombre haya sido gravemente afectado por la publicación de numerosos titulares y acusaciones infundadas. Esta medida pretende mitigar el daño reputacional en casos donde el sistema judicial no encuentre mérito para continuar, ofreciendo un nuevo mecanismo de protección para la ciudadanía.
La eliminación del delito contra los sentimientos religiosos, en particular, responde a la preocupación por las querellas interpuestas por colectivos como Abogados Cristianos contra figuras del ámbito cultural y periodístico, las cuales han generado un clima de autocensura. De igual forma, la derogación de los delitos contra la Corona (artículos 490.3 y 491) y las injurias a las altas instituciones del Estado (artículo 504) se presenta como una respuesta directa a condenas previas contra artistas y humoristas, redefiniendo así las fronteras entre la crítica legítima y la sanción penal en la vida pública española. Este pacto marca un antes y un después en la forma en que España aborda las libertades civiles en su legislación.
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